La nueva Resolución del Ministerio de Seguridad nos enfrenta a una gravedad institucional inédita.

Justamente cuando el gobierno argentino viene agitando el fantasma de los saqueos y hechos de violencia en diciembre, el Ministerio de Seguridad impone una nueva Resolución sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad.

Con generalizaciones muy vagas que permiten interpretaciones caprichosas, ahora estarán autorizadas a disparar sin dar vos de alto, cuando se observa un “peligro inminente”, una “presunción”, “en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro de muerte o de lesiones graves” y “para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”. También habilita la ejecución de este nuevo protocolo la “resistencia a la autoridad”.

En momentos en que han empujado a la pobreza a la mitad de los niños argentinos, como señala UNICEF, que se pierden puestos de trabajo a diario, cuando los verdaderos brotes verdes son el cierre de fábricas, cuando bajan jubilaciones, pensiones, Asignaciones Familiares y la AUH. Cuando quitan vacunas para los niños y medicamentos para los abuelos. Cuando cierran Centros de Salud y escuelas, cuando se vota un Presupuesto de Ajuste y se incrementa solo el pago de los servicios de la deuda externa, salen con una Resolución que solo apunta a criminalizar más la protesta social.

Crece exponencialmente la compra de armamentos a potencias extranjeras como EEUU, Francia e Israel para la seguridad interior y se les niega un bono de fin de año a los jubilados que van a perder un 20% de poder adquisitivo.

Es preocupante, más cuando viene de un gobierno que infiltra las marchas contra esta política económica con encapuchados de los servicios y de las fuerzas de seguridad para producir desmanes y luego salir a la caza de ciudadanos indefensos. ¿Cuántos casos hubo de detenciones a personas que bajaban del subte, que venían del trabajo o estaban paseando sin haber participado siquiera de las movilizaciones? Muchos estuvieron semanas privados de su libertad sin causa alguna. ¿Qué garantía puede dar un gobierno que exige a jueces la detención de dirigentes sindicales solo por ser opositores?

Llamamos a la ciudadanía, a las organizaciones gremiales, sociales y políticas a rechazar de manera contundente este intento que va contra las resoluciones de las Naciones Unidas y la presunción de inocencia. El legítimo reclamo de seguridad no debe ser tratado con medidas demagógicas que solo apuntan al control social de quienes no están dispuestos a que les arrebaten sus sueños de tener salarios justos y condiciones dignas de vida.

 

2018-12-06T21:20:23+00:00
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